JUICIO DE REVISIÓN CONSTITUCIONAL ELECTORAL

EXPEDIENTE: SUP-JRC-75/2006

ACTOR: CONVERGENCIA PARTIDO POLÍTICO NACIONAL

AUTORIDAD RESPONSABLE: TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO

TERCERO INTERESADO: COALICIÓN “ALIANZA POR MÉXICO”

MAGISTRADO: JOSÉ FERNANDO OJESTO MARTÍNEZ PORCAYO

SECRETARIO: SERGIO MARTÍNEZ ÁLVAREZ

México, Distrito Federal, a ocho de junio de dos mil seis.

VISTOS, para resolver los autos del juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-75/2006 promovido por Horacio Jiménez López y José Luis Ruiz Martínez, en su carácter de representantes de Convergencia, Partido Político Nacional en el Estado de México, en contra de la sentencia de veintiocho de abril del año que transcurre, en el expediente JI/44/2006, emitida por el Tribunal Electoral del Estado de México; y

R E S U L T A N D O:

I. El doce de marzo de dos mil seis, se llevaron a cabo los comicios para renovar, entre otros, ayuntamientos en el Estado de México.

El quince siguiente, el Consejo Municipal Electoral de Aculco, Estado de México, celebró sesión para realizar el cómputo municipal de miembros del Ayuntamiento del municipio citado en el cual se obtuvieron los siguientes resultados:

II. El diecinueve de marzo del presente año, la Coalición “Alianza por México” a través de su representante, interpuso Juicio de Inconformidad ante el Tribunal Electoral el Estado de México el cual fue registrado con el número de expediente JI/44/2006, en contra de los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, la declaración de validez de la elección así como la entrega de la constancia de mayoría a favor de los miembros de la planilla de la candidatura común postulada por el Partido del Trabajo y Convergencia Partido político Nacional.

III. El veintiocho de abril de dos mil seis, el Tribunal Electoral del Estado de México, emitió sentencia definitiva en el juicio electoral antes referido, en los siguientes términos:

“C O N S I D E R A N D O

…

III. PLANTEAMIENTO DE LA LITIS.

La litis en el presente asunto consiste en determinar si se actualizan las causales de nulidad de votación recibida en diversas casillas, al configurarse los supuestos establecidos en la fracción IV del artículo 298 del Código Electoral y en consecuencia, procede o no modificar los resultados consignados en el acta de cómputo municipal, confirmando o en su caso revocando la constancia de mayoría respectiva; y si la declaración de validez y el otorgamiento de la constancia de mayoría respectiva, se ajustan o no al principio de legalidad que deben cumplir todos los actos y resoluciones de las autoridades electorales.

Por razón de método, este Tribunal procederá al análisis de todas y cada una de las causales de nulidad invocadas por la parte actora, “Coalición “Alianza por México”, en el orden en que están previstas en el artículo 298 del Código Electoral del Estado de México, agrupándolas conforme a ello.

A continuación se presenta un cuadro esquemático en el cual se consignan las causales de nulidad, reproduciéndose el texto de la ley, para luego, identificar las casillas en las que en concepto del actor, se actualizan.

IV. SUPLENCIA DE AGRAVIOS.

Este Tribunal Electoral, en términos de los párrafos segundo y tercero del artículo 342 del código de la materia, suplirá las deficiencias u omisiones en los agravios expresados por el actor, siempre y cuando los mismos puedan ser deducidos claramente de los hechos expuestos y resolverá tomando en consideración los hechos que debieron ser invocados o los que resulten aplicables al caso concreto, cuando omita señalar los preceptos jurídicos presuntamente violados o se citen de manera equivocada.

Así, cabe hacer la debida aclaración de que en este Juicio de Inconformidad, en base al principio exhaustividad que obliga a este Juzgador a resolver sobre todo lo peticionado, respecto de los hechos que se desprenden de su escrito recursal, se impugnan veinticuatro casillas y no veintitrés como lo argumentan las partes.

V. ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS.

Es procedente a continuación analizar los argumentos de los protagonistas de este Juicio y valorar las pruebas que se aportaron, confrontando unos y otras y de esta manera concluir a quién le asiste la razón. Para tal efecto, se analizarán los agravios en conjunto, tomando en consideración las causas de nulidad hechas valer en las casillas arriba precisadas y los argumentos en que el actor divide su escrito, con lo cual este cuerpo colegiado estima que no lesiona derecho alguno al recurrente, toda vez que lo importante no es el procedimiento que el juzgador asuma para la valoración de los agravios hechos valer por el inconforme, sino que todos ellos sean objeto de estudio. Lo anterior, siguiendo el criterio sostenido en la jurisprudencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se transcribe a continuación:

“AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN”.- (Se transcribe)

VI. ARGUMENTOS DE LAS PARTES Y CONTESTACIÓN A LOS AGRAVIOS.

1. AGRAVIOS.

“... Se afirma que Existieron violaciones a lo dispuesto en el Código Electoral del Estado de México en las Mesas Directivas de Casilla números 0060  Contigua 1; 0065 Extraordinaria 1; 0071 Básica; y la 0075 Extraordinaria 1, en las que se acreditaron plenamente la causal de nulidad de la votación recibida en la casilla contemplada en el artículo 298, fracción IV del Código Electoral del Estado de México”.

De la anterior manifestación, se desprenden los siguientes hechos, los que se estiman convenientes dividir en los apartados que suceden, toda vez que se encuentran relacionados con los hechos descritos por el demandante, en los siguientes términos:

1.1. La parte ACTORA sustancialmente expresa en un primer hecho:

“A). En la Mesa Directiva de Casilla 0060 Contigua 1, ubicada en la Escuela Primaria “Guadalupe Victoria”, domicilio conocido, sin número en la Comunidad de San Pedro Denxhi, municipio de Aculco, Estado de México, fungió como Funcionario de Casilla, específicamente como segundo Escrutador, el C. Emilio Alcántara De Jesús... quien es Delegado Municipal de la comunidad de El Tepozán”.

Para los efectos de acreditar sus afirmaciones, aporta como medios de
prueba: documentales públicas que de manera detallada enumera en
su escrito recursal.

EL TERCERO INTERESADO, manifiesta con relación a lo argumentado por el actor:

“... en una falsa perspectiva de lo que el legislador quiso decir en el artículo mencionado en líneas anteriores, la actora pasa por alto lo que nuestro propio código comicial establece en su artículo 56 fracción V que establece que no podrán ser representantes “los servidores públicos que ocupen cargos directivos de jefes de oficina o superiores” de esto podemos desentrañar en primer lugar que los delegados municipales si bien la ley orgánica Municipal los considera como autoridades auxiliares, de ninguna suerte le da la calidad de servidor público habida cuenta de que aún y cuando la figura del Delegado es un cargo de elección popular, el mismo no percibe remuneración alguna por dicho encargo y por consiguiente al no ser considerado como servidor público es erróneo que la actora asevere que se violentó el artículo 56 en su fracción V del código comicial.

Aunado a lo anterior la ley orgánica Municipal en su artículo 57 menciona las atribuciones que tienen las autoridades auxiliares y de igual manera en el artículo 58 del mismo ordenamiento legal se establecen las prohibiciones que tienen los delegados y subdelegados municipales, siendo estas:...

...se desprende que los delegados y subdelegados no pueden cobrar contribución alguna sin mediar autorización expresa de la ley, así como tampoco pueden autorizar algún tipo de licencia ni para construcción ni para alineamiento, ni mucho menos para aperturar establecimientos, esto concatenado con el criterio jurisprudencial intitulado autoridades de mando superior. Su presencia en la casilla como funcionario o representante genera presunción de presión sobre los electores” que hace valer la actora en la interposición de su juicio, esto en nada beneficia la pretensión de la actora ya que de dicho criterio se desprende lo siguiente”... con los cuales entablan múltiples relaciones necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana de cada uno, como la prestación de los servicios públicos que administran dichas autoridades, las relaciones de orden fiscal, el otorgamiento y subsistencia de licencias, permisos o concesiones para el funcionamiento de giros comerciales o fabriles...”, con esto queda evidenciado el hecho de que el delegado no tiene la calidad de autoridad de mando superior, lo que robustece el hecho de que los delegados y subdelegados municipales no tienen impedimento legal alguno para fungir como representantes partidistas ante mesa directiva de casilla y por ende la pretensión de la actora carece de fundamentación y motivación...

...evidentemente tampoco se actualiza el extremo de “que sea determinante para el resultado de la votación”, habida cuenta de que si no se da la nulidad de casillas tampoco se ve afectada la votación final del municipio, por lo que al no encontrarse actualizada la causal de nulidad prevista por el artículo 298 fracción IV solicito que al momento de dictar la resolución correspondiente dentro del presente juicio, ésta sea en el sentido de confirmar los resultados consignados en las actas de cómputo municipal tal y como lo establece el artículo 345 en su fracción I del multicitado código...”

El argumento anterior, contesta el AGRAVIO ÚNICO que en su concepto integra el motivo de su inconformidad, razón por la cual, para los efectos de esta sentencia, se tendrá por reproducido como si a la letra se insertara, para no incurrir en repeticiones estériles.

Como medios de prueba ofrece: documentales públicas, instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana.

LA AUTORIDAD RESPONSABLE en su informe circunstanciado refirió:

“... Que durante la capacitación que se le realizó al ciudadano Emilio Alcántara de Jesús que fungió como segundo escrutador de esta casilla mencionada, no manifestó al momento de solicitarle sus datos en la hoja de verificación de requisitos, el que tuviera dicho cargo, desconociendo por parte de la Junta Distrital de Atlacomulco y la Junta Municipal de Aculco de esta circunstancia...”

De los anteriores argumentos y sobre los cuales se analizará este expediente, la parte actora invoca la causal de nulidad prevista en la fracción IV del Código Electoral del Estado de México, que a la letra dice:

“Artículo 298. La votación recibida en una casilla electoral, será nula:

…

Fracción IV. Cuando se ejerza violencia física o presión de alguna autoridad o particular sobre los funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla o sobre los electores, de tal manera que afecte la libertad o el secreto del voto, y esos hechos sean determinantes para el resultado de la votación en la casilla de que se trate...”

La causal de referencia se relaciona con lo prescrito en el artículo 5 del Código Electoral del Estado de México, que establece como característica del voto ciudadano, el ser universal, libre, secreto, directo, personal e intransferible y prohíbe los actos que generen presión o coacción a los electores.

Para los efectos de este apartado, en la actualización de esta causal, es preciso que se acrediten plenamente los siguientes elementos:

Así, por violencia física se entienden aquellos actos materiales que afecten la integridad física de las personas y la presión implica ejercer apremio o coacción moral sobre las personas, siendo finalidad en ambos casos en provocar determinada conducta que se refleje en el resultado de la votación de manera decisiva para producir una disposición favorable a un determinado partido político o candidato al momento de la emisión del voto, o para abstenerse de ejercer sus derechos político-electorales, tales actos se traducen como forma de presión sobre los electores que pueden lesionar la libertad y secreto del sufragio.

La violencia física o presión sancionados por la causal pueden ser a cargo de cualquier persona, esto es, no se distingue una calidad específica en el sujeto que ejerza la violencia física o la presión psicológica en el electorado y estos actos, deben haber ocurrido con anterioridad a la emisión de los votos para poder considerar que se afectó la libertad de los electores o de los integrantes de la mesa directiva de casilla.

Para determinar la procedencia de la pretensión jurídica del actor, es necesario que se acrediten sus afirmaciones. En el caso a estudio, obran en el expediente las actas de la jornada electoral (copia simple) y las hojas de incidentes (copia simple), escritos de incidentes (copia al carbón), actas de escrutinio y cómputo, escritos de protesta (original) de la Coalición “Alianza por México” respecto de la casilla impugnada; copias certificadas de constancias expedidas por la autoridad electoral en uso de sus facultades, así como certificaciones por parte de la licenciada Adriana Espinoza Cadena, Secretaria del Ayuntamiento de Aculco, México, de fecha quince de marzo del dos mil seis, en la que entre otras cosas da fe que “Emilio Alcántara de Jesús, es Delegado Municipal de la comunidad de Tepozán, perteneciente a esta jurisdicción municipal”, copia certificada de Acta de Asamblea de Autoridades Auxiliares de fecha dos de noviembre del año dos mil tres, en la que destaca que Emilio Alcántara de Jesús firma como Subdelegado, para el periodo 2003-2006; la renuncia de Jesús Padilla Sánchez, quien fungió como delegado hasta el cuatro de enero de dos mil seis; solicitud de apoyo, de fechas treinta de enero, trece de febrero del dos mil seis; (viaje de piedra y construcción de cocina); agradecimiento de fecha treinta de enero del dos mil seis; formato de explosión de insumos del Ramo 33, ejercicio 2006 (veinticinco de enero); dos constancias de origen y vecindad expedidas por parte de Emilio Alcántara de Jesús, firmando con el carácter de Delegado Municipal; Documentales que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 337 fracción I del Código Electoral del Estado de México, tiene valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren.

De los anteriores medios de prueba, se acredita que Emilio Alcántara de Jesús, tiene la calidad de Delegado de la comunidad del Tepozán, perteneciente al municipio de Aculco, Estado de México, como puede verse de la documental pública consistente en la certificación por parte de la licenciada Adriana Espinoza Cadena, Secretaria del Ayuntamiento de Aculco, México, de fecha quince de marzo del dos mil seis. Hecho que está soportado en todas y cada una de las documentales públicas que han sido motivo de descripción en el párrafo que antecede.

Conviene referirnos al contenido del artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México que a la letra dice:

“Artículo 130. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este título, se considera como servidor público a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los poderes del Estado, en los ayuntamientos de los municipios y organismos auxiliares, así como los titulares o quienes hagan sus veces en empresas de participación estatal o municipal, sociedades o asociaciones asimiladas a éstas y en los fideicomisos públicos. Por lo que toca a los demás trabajadores del sector auxiliar, su calidad de servidores públicos estará determinada por los ordenamientos legales respectivos.”

Del dispositivo legal transcrito, se puntualiza que es servidor público toda aquélla persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión en alguno de los Poderes del Estado.

Por otro lado, la Ley Orgánica Municipal establece:

“Artículo 56. Son autoridades auxiliares municipales, los delegados y subdelegados...”

Artículo 57. Las autoridades auxiliares municipales ejercerán, en sus respectivas jurisdicciones, las atribuciones que les delegue el ayuntamiento, para mantener el orden, la tranquilidad, la paz social, la seguridad y la protección de los vecinos...”

A fin de que se pueda evaluar de manera objetiva si los actos de presión o violencia física sobre los electores son determinantes para el resultado de la votación en la casilla, es necesario que el demandante precise y pruebe las circunstancias de modo, lugar y tiempo en que se dieron los actos impugnados. En un primer orden, el Órgano Jurisdiccional debe conocer con certeza el número de electores de la casilla que votó bajo presión o violencia física, para en un segundo orden, comparar este número con la diferencia de votos entre los partidos que ocuparon el primero y segundo lugar en la votación en la casilla, de tal forma, que si el número de electores es igual o mayor a dicha diferencia, debe considerarse la irregularidad como determinante para el resultado de la votación en la casilla.

También puede tenerse por actualizado este elemento, cuando sin tenerse probado el número exacto de electores cuyos votos se viciaron por presión o violencia, queden acreditadas en autos, circunstancias de modo, tiempo y lugar, que demuestren que un gran número de sufragios emitidos en la casilla se viciaron por esos actos de presión o violencia sobre los electores o los integrantes de la mesa directiva de casilla, y por tanto, esa irregularidad es decisiva para el resultado de la votación, porque de no haber ocurrido, el resultado final pudiese haber sido distinto, afectándose el valor de certeza que tutela esta causal.

Asimismo, conforme a lo establecido en el artículo 129 fracción II, incisos D), E) y F) del Código de la materia, el presidente de la mesa directiva de casilla, cuenta incluso con el auxilio de la fuerza pública, para preservar el orden en la casilla, garantizar la libre y secreta emisión del sufragio y la seguridad de los electores, los representantes de los partidos políticos y los integrantes de la mesa directiva de casilla. Dicho funcionario puede suspender temporal o definitivamente la votación, o retirar a cualquier persona, en caso de alteración del orden o por la existencia de circunstancias o condiciones que impidan la libre emisión del sufragio, el secreto del voto o que atenten contra la seguridad personal de los electores, los representantes de partido o los miembros de la mesa directiva.

En consecuencia esta causal protege los valores de libertad, secreto, autenticidad y efectividad en la emisión de los sufragios de los electores, así como la integridad e imparcialidad en la actuación de los integrantes de la mesa directiva de casilla para lograr la certeza de que los resultados de la votación recibida en una casilla expresen fielmente la voluntad de los ciudadanos, la que se vicia con los votos emitidos bajo presión o violencia.

De las probanzas ya descritas y de las disposiciones legales invocadas, en concepto de este cuerpo colegiado, se pone de relieve que Emilio Alcántara de Jesús, fungió como Segundo Escrutador en la casilla 0060 C1, no obstante ser delegado municipal de la comunidad del Tepozán, perteneciente al municipio de Aculco, México, puesto que las documentales mencionadas con antelación, así lo señalan, mismas que adquieren valor probatorio pleno en términos de lo que establece el artículo 337 fracción I del Código Electoral del Estado de México, las que no se encuentran contradichas con otras de igual o mejor naturaleza; razones más que suficientes para establecer sin lugar a dudas que en efecto, Emilio Alcántara de Jesús, el día de la Jornada Electoral fungió como Segundo Escrutador en la casilla que se analiza, por lo tanto, este Órgano Jurisdiccional estima que le asiste la razón al impugnante en cuanto a que se debe anular la casilla de mérito, toda vez que contrariamente a lo que alega el Tercero Interesado en su escrito agregado en autos, los Delegados Municipales son servidores públicos, puesto que sus actividades las realizan prestando sus servicios para su comunidad a fin de satisfacer de manera regular, continua y uniforme las necesidades de sus coterráneos.

Bajo ese entendido, al fungir como Segundo Escrutador en la casilla precitada, su presencia ante el electorado inhibió e influyó en el ánimo de los electores en base al poder material y jurídico que detenta frente a todos los vecinos de su comunidad, con los cuales entabla múltiples relaciones necesarias para el desarrollo de la vida cotidiana de cada uno, como la prestación de los servicios públicos que administra en su comunidad, esta influencia se vio reflejada al momento de emitir la votación, pues la experiencia enseña que en una comunidad rural, por la distribución territorial, el número de población, es posible que todos tengan contacto y se conozcan, pudiendo tener relaciones sociales bastante estrechas; es en estos lugares donde la máxima autoridad la constituye el delegado municipal, estableciéndose la presunción humana de que las autoridades mencionadas pueden inhibir esa libertad hasta con su mera presencia, pues los ciudadanos pueden temer en tales relaciones que su posición se vea afectada fácticamente, en diferentes formas, en función de los resultados de la votación en la casilla de que se trate. En efecto, si se teme una posible represalia de parte de la autoridad, es factible que el elector se sienta coaccionado o inhibido y que esta circunstancia lo orille a cambiar el sentido de su voto, si se sienten amenazados velada o supuestamente, pues aunque esto no debería ocurrir, en la realidad se puede dar en el ánimo del ciudadano, sin que el deber ser lo pueda impedir o remediar, por virtud a la posición de cierta subordinación que le corresponde en la relación con la autoridad; es decir, resulta lógico que el elector pueda tomar la presencia de la autoridad como una fiscalización de la actividad electoral, con la tendencia a inclinar el resultado a favor del partido político o candidato de sus preferencias, que son generalmente conocidas en razón del partido gobernante.

Contrario a la intención del legislador electoral en este sentido, es tutelar el libre ejercicio del sufragio, prohibiendo por tanto la presencia de servidores públicos en las casillas, cuanto más el ser funcionario de ellas como en el caso aconteció, toda vez que engendra presunción de que se ejerce presión sobre los votantes y cierta coacción que desde luego afecta la libertad del sufragio.

En las relatadas condiciones, dado que esta irregularidad acontecida el día doce de marzo del año en curso, conculcó los principios fundamentales del inalienable derecho de los ciudadanos de elegir a sus gobernantes en el marco de una elección libre y auténtica, que deben prevalecer dentro de un estado democrático de derecho constitucional, toda vez que la contaminación de estos principios en la elección referida, dio como resultado el ejercicio del voto y recepción del mismo bajo presión, acción ejercitada por el Delegado Municipal del Tepozán, en consecuencia, contravino la autenticidad y libertad de unas elecciones democráticas, lo que desde luego, no sólo es indebido sino grave, por ser un acto contrario a la ley y además determinante en el resultado de la votación, como se reflejó en el Acta de Jornada Electoral de la casilla en cuestión, máxime que el C. Emilio Alcántara de Jesús, nunca le manifestó a la autoridad responsable el cargo que ostentaba al momento de proporcionar sus datos para ser funcionario de casilla, como bien lo sostiene dicha autoridad responsable en su informe circunstanciado.

A mayor abundamiento, la ley electoral en la fracción V del artículo 128, establece como requisito indispensable de los ciudadanos que integren las mesas directivas de casilla:

“Artículo 128. Las Mesas Directivas de Casilla se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores y los suplentes respectivos, designados conforme al procedimiento señalado en este código.

Los ciudadanos que integran las Mesas Directivas de casilla deberán reunir los siguientes requisitos:

…

V. No ser servidor público de confianza con mando superior, ni tener cargo de dirección partidista de cualquier jerarquía...”

Por lo que resulta ser incorrecto el criterio del Tercero Interesado en el sentido de que Emilio Alcántara de Jesús es un servidor público, pues ya quedó establecido ese carácter en el cuerpo de esta resolución, y en virtud de ello, de origen se encontraba impedido para formar parte de la Mesa Directiva de Casilla en la que participó el día de la Jornada Electoral, ya que estos dos cargos, tanto de la administración pública municipal, como del Instituto Electoral del Estado de México, resultan ser incompatibles.

Resulta indiscutible el hecho de que presta sus servicios para el Poder Ejecutivo a nivel municipal, lo que le permite realizar actividades en función de los intereses de su colectividad y propios, de manera que en común se reciban beneficios. Por otra parte, se considera que el Delegado Municipal, además de ser un servidor público, tiene a su alcance poderes de mando superior en el orden de gobierno municipal, por virtud de delegación de funciones que de ellas hace el propio ayuntamiento, en razón de lo siguiente: como se advierte del catálogo de funciones, lleva a la práctica las acciones del ayuntamiento, que es la máxima autoridad municipal en la localidad a la que representa en su comunidad; realiza solicitudes o peticiones; funciones propias en auxilio del Ayuntamiento; organiza y vigila funciones trascendentes como son las de distribución y administración de los recursos destinados a su localidad, puede convocar a juntas, reuniones o sesiones, asambleas comunitarias, faenas, entre otras.

Más aún, atendiendo a las reglas de la experiencia, se insiste, el Delegado municipal constituye la máxima autoridad en los poblados en los que presta sus servicios, no sólo en el orden administrativo, incluso moral, no debiendo olvidar que si bien no tiene a su alcance las facultades que por disposición expresa de la ley tiene el propio municipio, contemplándolo como autoridad auxiliar, tal distinción es manera administrativa, con la finalidad de establecer en los pequeños núcleos de población las medidas necesarias para que todos los integrantes de determinada comunidad, tengan representatividad y se vean beneficiados de manera común.

Ahora bien, cuando se infringe la prohibición de que una autoridad de mando superior sea representante de partido en una casilla, tal situación genera la convicción de que se ejerció presión sobre los votantes, presunción proveniente propiamente de la ley, si se toma en cuenta que el legislador tuvo la precaución de excluir terminantemente la intervención de las autoridades de referencia en las casillas, no sólo como miembros de la mesa directiva, sino inclusive como representantes de algún partido político, es decir, expresó claramente su voluntad de que quienes ejercieran esos mandos asistieran a la casilla exclusivamente para emitir su voto, pues tan rotunda prohibición hace patente que advirtió dicho legislador que hasta la sola presencia y con más razón la permanencia de tales personas puede traducirse en cierta coacción con la que resulte afectada la libertad del sufragio.

Esto es, al ser contrariada la prohibición en comento, se actualiza la causa de nulidad invocada, y esta se convierte en determinante para el resultado de la votación, si la presencia de la autoridad que funja como representante de un partido político en la casilla se prolonga por toda la jornada electoral, hasta el escrutinio y cómputo de la votación recibida.

Esto se ve robustecido cuando se trata de la votación recibida en pequeñas poblaciones, en donde es ordinario que la mayoría de los habitantes se identifiquen entre sí por las relaciones sociales y de trabajo que genera la vecindad, lo cual se puede considerar aplicable al caso, si se tiene presente que en la elección de diputado por el principio de mayoría relativa votaron en total siete mil ochocientos treinta y cuatro ciudadanos.

Ante los argumentos vertidos por este cuerpo colegiado, se llega a la convicción de que el impacto que se generó sobre el electorado por parte del Delegado Municipal como segundo escrutador, provocó que se viciara la votación en la casilla en que participó, vulnerando de manera directa el principio de libertad.

Ante tales consideraciones lo procedente es declarar FUNDADOS los argumentos que hace valer el actor en esta parte de su agravio.

1.2. El actor, en la segunda y tercera parte de su AGRAVIO, (incisos B y C de los hechos de su demanda), sustancialmente expresa:

“... En la Mesa Directiva de Casilla 0065 Extraordinaria 1, ubicada en Escuela Primaria “Profesor Rafael Ramírez”, domicilio conocido sin número, la Concepción Ejido, municipio de Aculco, Estado de México, fungió como representante propietario de Convergencia Partido Político Nacional el C. Jesús Santos Pérez, como se acredita con las actas de la Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo, quien es delegado de la comunidad...”

En la Mesa directiva de Casilla 0071 Básica, ubicada en Escuela Primaria “Licenciado Benito Juárez García”, domicilio conocido sin número, en la comunidad de San Antonio Arroyo Zarco, municipio de Aculco, Estado de México, fungió como representante propietario de Convergencia Partido Político Nacional el C. Fortino Pérez Huitrón, como se acredita con las actas de la Jornada Electoral y de Escrutinio y Cómputo, quien es delegado municipal de San Antonio Arroyo Zarco...”

En la Mesa directiva de Casilla 0075 Extraordinaria 1, ubicada en Escuela Primaria “Vicente Guerrero”, domicilio conocido sin número, Bonxhi, municipio de Aculco, Estado de México, fungió como representante suplente de Convergencia Partido Político Nacional el C. Adán Sánchez Alcántara, como se acredita con copia debidamente certificada de su nombramiento...”

EL TERCERO INTERESADO, manifiesta con relación a este agravio.

Se reproduce...

LA AUTORIDAD RESPONSABLE en su informe circunstanciado refirió:

“... Que el artículo 156 del Código Electoral del Estado de México señala los impedimentos para ser representante de partido político ante los órganos del Instituto, no especificando a los servidores auxiliares como lo es la figura del delegado o subdelegado municipal.

Que fueron registrados los nombramientos de los representantes de partidos ante las mesas directivas de casilla en este órgano electoral en tiempo y forma, desconociéndose si alguno de estos ciudadanos tuviese algún cargo que le impidiera ejercer su función...”

Antes de hacer el pronunciamiento respecto a la anulación o no de la recepción de los votos recibidos en la casilla motivo de este apartado, conviene señalar lo siguiente:

Ha sido criterio reiterado en la rama de la administración de justicia que las circunstancias deducidas en actuaciones jurisdiccionales se basan en hechos que están probados y de los cuales se trata de desprender su relación con el hecho inquirido, esto es, ya un dato por cumplimentar, una incógnita por determinar, o bien una hipótesis por verificar, asimismo, el indicio atañe al mundo de lo fáctico, es un hecho acreditado que sirve de medio de prueba ya no para probar, sino para presumir la existencia de otro hecho desconocido, es decir, de sucesos que no se pueden demostrar de manera directa por conducto de los medios de prueba ampliamente conocidos, sino a través del esfuerzo de razonar silogísticamente, qué parte de datos aislados se enlazan entre sí en la mente para llegar a una conclusión.

Por lo que respecta a este segundo apartado del agravio del actor, con referencia a los medios de prueba e indicios que conforman este expediente, que a juicio de este resolutor, tienen valor probatorio preponderante en términos del artículo 337 fracción I del Código Electoral del Estado de México; y tomando como base las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, permiten tener por cierto que en los hechos argumentados por el actor, los Delegados Municipales Fortino Pérez Huitrón, perteneciente a San Antonio Arroyo Zarco; Jesús Santos Pérez, de la Concepción, ambos del municipio de Aculco, fungieron como representantes de partido ante las casillas correspondientes a su sección.

Se establece lo anterior ya que se confirmó la presencia de Fortino Pérez Huitrón y Jesús Santos Pérez en las casillas 0071 B y 0065 EX1 respectivamente, el día de la Jornada Electoral verificada el pasado doce de marzo del año en curso, según las constancias que obran en las Actas de Jornada Electoral, de Escrutinio y Cómputo, en las que aparecen sus nombres y firmas, ya que se encuentran acreditados como representantes de Convergencia Partido Político Nacional, como puede verse en las copias certificadas de los nombramientos expedidos por el Consejo Municipal Electoral de Aculco, visibles a fojas 219 y 224 del expediente principal, acreditación que les permitió realizar actividades tales como participar en la instalación de casilla y contribuir al buen desarrollo de sus actividades hasta su clausura; observar y vigilar el desarrollo de la elección; recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio elaboradas en la casilla; presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación; presentar al término del escrutinio y cómputo escritos de protesta; acompañar al presidente de la Mesa Directiva de casilla al Consejo Municipal correspondiente, para hacer entrega de la documentación y el expediente electoral.

Los derechos arriba mencionados, se encuentran listados en el artículo 175 del Código Electoral del Estado de México que a la letra dice:

“Artículo 175.- Los representantes de los partidos políticos debidamente acreditados ante las Mesas Directivas de Casilla tendrán los siguientes derechos:

I. Participar en la instalación de la casilla y contribuir al buen desarrollo de sus actividades hasta su clausura;

II. Observar y vigilar el desarrollo de la elección;

III. Recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de votación y final de escrutinio elaboradas en la casilla;

IV. Presentar escritos relacionados con incidentes ocurridos durante la votación;

V. Presentar al término del escrutinio y del cómputo escritos de protesta;

VI. Acompañar al Presidente de la Mesa Directiva de Casilla al
Consejo Municipal o Distrital correspondiente, para hacer entrega
de la documentación y el expediente electoral; y

VII. Los demás que establece este Código”.

No es óbice para este Tribunal referirnos a la prohibición legal con respecto de que los órganos y autoridades deben mantenerse al margen del proceso electoral para no influir en el ánimo del elector y con ello transgredir los principios de certeza, libertad, independencia, imparcialidad y objetividad. Conforme a estas disposiciones, las autoridades o servidores públicos de la administración municipal como en este caso, no están autorizados constitucional ni legalmente en la organización o conducción del proceso mismo. Esta prohibición incide directamente en la calidad del sujeto; hay restricción para el servidor público en el sentido de que no puede ser representante de partido político ante una Mesa Directiva de Casilla, siendo un requisito señalado por nuestra legislación electoral en el artículo 56 que en lo que interesa establece:

“Artículo 56.- No podrán ser representantes de partidos políticos ante los órganos del Instituto:

…

V. Los servidores públicos que ocupen cargos de oficina o superiores, independientemente de su denominación, en la administración pública federal, estatal o municipal”.

Respecto de la calidad de servidores públicos, de los delegados Fortino Pérez Huitrón y Jesús Santos Pérez. Como ya se dijo en el apartado correspondiente al análisis de la casilla 0060 C1 y en este momento se insiste, el delegado municipal es un servidor público, ya que presta sus servicios para beneficio de una comunidad y no para intereses de particulares; en virtud de esto, la ley le faculta con ciertos poderes de mando superior en el orden de gobierno municipal, que si bien no son equiparables a los del propio ayuntamiento, al representante de una delegación, de manera administrativa le han sido delegadas funciones con ese carácter, constituyendo la máxima autoridad en los poblados en los que presta sus servicios.

Cabe abundar e insistir en que, cuando se infringe la prohibición de que una autoridad de mando superior sea representante de partido en una casilla, ese evento genera la presunción legal de que se ejerció presión sobre los votantes. Al efecto, el legislador tuvo la precaución de excluir terminantemente la intervención de las autoridades de referencia en las casillas, no sólo como miembros de la mesa directiva, sino inclusive como representantes de algún partido político. Esta restricción encuentra su razón de ser en que la presencia y permanencia de dichas personas en las casillas puede llegar a repercutir en el ánimo de los votantes al momento de tomar una decisión inherente a sus derechos político-electorales y sus preferencias partidistas.

Cuando esta prohibición expresa de la ley se contradice, se actualiza la causal a estudio y resulta determinante para la votación.

Esto sucede cuando se trata de la votación recibida en pequeñas poblaciones, en donde es común y frecuente que la mayoría de los habitantes se identifiquen entre sí por las relaciones sociales y de trabajo que genera la vecindad.

En el caso que nos ocupa, en las casillas que han sido motivo de estudio exhaustivo por parte de este resolutor, el resultado que se vio afectado por la presión ejercida sobre los votantes, al momento en que su ánimo se materializó emitiendo votos a favor de Convergencia Partido Político Nacional. A efecto de ilustrar lo anteriormente dicho, basta con remitirse a los resultados que arrojan las Actas de Escrutinio y Cómputo de las citadas casillas para verificar que las tendencias favorecieron de manera cuantitativa al partido referido, pues en la casilla 0065 Ex1, donde fungió como representante partidista Jesús Santos Pérez, Convergencia ocupó el primer sitio de preferencia ciudadana y en la casilla 0071 B, el voto ciudadano se inclinó a favor de Convergencia, Partido Político Nacional. Comprobándose que en estas casillas también su presencia fue determinante.

Por los razonamientos aquí expuestos, este Tribunal estima declarar FUNDADOS los agravios hechos valer por la parte actora en este Juicio de Inconformidad, respecto de los hechos marcados con los literales B) y C) del escrito recursal.

1.3. El actor en el juicio que promueve, expresa como tercer apartado de su AGRAVIO lo siguiente:

“D).- En la Mesa Directiva de Casilla 0075 Extraordinaria 1, ubicada en la Escuela Primaria “Vicente Guerrero”, domicilio conocido sin número, Bonxhi. Municipio de Aculco, Estado de México, fungió como representante Suplente de Convergencia Partido Político Nacional el C. Adán Sánchez Alcántara, como Delegado Municipal de la comunidad de Bonxhi.”

El TERCERO INTERESADO al respecto respondió:

Se reproduce

La AUTORIDAD RESPONSABLE, informó lo siguiente:

“1. Que el artículo 156 del Código Electoral del Estado de México señala los impedimentos para ser representante de partido político ante los órganos del instituto, no especificando a los servidores auxiliares”.

De los medios de convicción que obran en el sumario, no obstante que no haya prueba indubitable que demuestre el tiempo que permaneció en dicha casilla, toda vez que es de sobra conocido que en una comunidad la máxima autoridad es el Delegado Municipal, persona a la que se le reconoce como el servidor público que realiza y gestiona las actividades encaminadas a prestar los servicios y satisfacer las necesidades de sus conciudadanos, razón más que suficiente para sostener la influencia en el ánimo del electorado con su sola presencia en la casilla de mérito y que por supuesto, conocen los electores la corriente ideológica e inclinación partidista de este servidor público.

Se presume fundadamente la inclinación del electorado hacia esta corriente, tomando en consideración los elementos de prueba que arroja el sumario, puesto que adminiculando este suceso con todos y cada uno de los argumentos y pruebas reseñadas en los apartados anteriores, permiten establecer que Convergencia Partido Político Nacional, sistemáticamente el día de la Jornada Electoral incluyendo gente de su corriente partidista en la integración de Mesas Directivas de casilla en los lugares donde la población electoral es considerable, tomando en consideración que existen copias debidamente certificadas de los nombramientos de diversos representantes, que confrontados con las Actas para el nombramiento de Autoridades Auxiliares, llevan a tal conclusión, y lo anterior fue con la finalidad de que los ciudadanos que ocurrieron a sufragar el día de la Jornada Electoral al advertir su presencia, fueran motivados a inclinar su preferencia partidista por la corriente que los propuso como representantes de partido.

Esta conducta reiterada advertida por este cuerpo colegiado, motivó que se pronunciara por la anulación de las casillas 0060 C1, 0065 EX1 y 0071 B, quedando así acreditado el hecho inquirido, puesto que se satisface la incógnita por cumplimentar, aún y cuando no se justifique con medio de prueba directo la participación del C. Adán Sánchez Alcántara en la casilla 0075 EX 1 el día doce de marzo del dos mil seis, ni el tiempo que permaneció en dicho lugar.

Tan fuerte es la presencia del delegado Adán Sánchez Alcántara, que incluso supera el día la Jornada Electoral, las facultades que tiene conferidas y reservadas única y exclusivamente conforme a la Ley al Presidente de la Casilla de mérito, como la de mantener el orden en el interior y exterior de la casilla con auxilio de la fuerza pública si fuera necesario, la de retirar a cualquier persona que incurra en una alteración grave del orden.

La sola presencia en dicho lugar, sí influyó en el ánimo del electorado para que sufragara por la corriente política, con los resultados conocidos en la respectiva acta de Escrutinio y Cómputo; sin embargo, afectando la libertad en la emisión del voto de estos ciudadanos por presión y violencia moral, pensando que a la postre les traería consecuencias personales cuando se vean necesitados de los servicios del Delegado Adán Sánchez Alcántara.

Los actos realizados por Convergencia Partido Político Nacional al nombrar a diversas autoridades locales como representantes de su partido, actualiza una irregularidad sistemática en función de obtener el voto ciudadano mediante la imposición de la presencia de los delegados y autoridades municipales de la región. Lo anterior se afirma pues si bien en ninguno de los documentos electorales oficiales aparecen ni el nombre, ni la firma de Adán Sánchez Alcántara, subsiste la presunción de que permaneció en la casilla impugnada por la conducta irregular y sistemática que es atribuible al Partido Político Convergencia. Asimismo es posible establecer que Adán Sánchez Alcántara se identifica con la corriente partidista de Convergencia Partido Político Nacional, con el nombramiento que en su favor expide tal instituto, como representante de partido ante Mesa Directiva de Casilla que corre agregado a los autos de este expediente.

Se evidencia del escrito de protesta presentado por el representante de la coalición “Alianza por México” respecto de los hechos acontecidos en la casilla 0075 EX1, lo siguiente:

“Siendo las 10:30 hrs. del día 12 de Marzo de 2006 el Sr. José Martínez Cortez (sic) se presentó afuera de las instalaciones de la escuela primaria “Gral (sic) Vicente Guerrero” con propaganda del partido Convergencia (gorra), el Sr. Martín (sic) Cortes (sic)Padilla y el Sr. Adán (sic) Cortes (sic) Padilla y el Sr. Adán (sic) Sánchez (sic) Padilla delegado de la comunidad de el Bonxhi le dijeron (sic) que se la quitara y el Sr. José (sic) dijo que no que el (sic) no le tenia miedo, pero al final lo convencieron y se fue.”

Lo anterior pone de relieve que el Delegado Municipal del Bonxhi, no sólo tiene presencia política en su localidad, sino que su autoridad es respetada por los miembros de su comunidad.

Se pone de manifiesto la dolosa intención de las autoridades locales de influir en el ánimo del electorado para favorecer intereses partidistas; ya que, como se ha sostenido, se incluyeron en la lista de representantes de partido a las autoridades locales del Bonxhi, estando presente en la casilla en estudio también Abundio Cortés Padilla, quien resultó comandante electo en la asamblea comunitaria para elegir a las autoridades auxiliares de ese poblado. Resaltando además relevante el hecho de que otra persona que llama la atención o convence a José Martínez Cortés es Martín Cortés Padilla, quien resulta ser electo policía el día dos de noviembre del dos mil tres, en la comunidad del Bonxhi mediante acta de asamblea de autoridades auxiliares, poniéndose de manifiesto la intención de involucrar autoridades locales en el desarrollo de la Jornada Electoral que tuvo verificativo en todo el Estado de México.

Prevalece la presunción sobre los demás indicios, en el sentido de que estas autoridades, por el rango de mando que tienen, reciben recursos materiales, ejercen la vigilancia y policía, representando la autoridad máxima y entre éstos se entablan relaciones de cooperación, concluyéndose que se trata de una estrategia por parte del partido Convergencia, para sumar votos a su favor, y tal estrategia consistió en acreditar personas reconocidas en las comunidades, como ya se dijo, para obtener el voto ciudadano.

Respecto de los funcionarios a que nos hemos venido refiriendo a lo largo de esta resolución, en este caso, se considera que tienen poder material y jurídico ostensible frene a la comunidad, su presencia y permanencia genera la presunción humana de que producen inhibición en los electores con relación al ejercicio libre del sufragio. Esto es, cuando por la naturaleza de las atribuciones conferidas constitucional y legalmente a determinados funcionarios de mando superior, resulte su incompatibilidad para fungir como representantes de cierto partido político ante la mesa directiva de casilla el día de la jornada electoral, puede determinarse que efectivamente se surte la causa de nulidad de la votación prevista en el artículo 298 fracción IV de la Ley Electoral del Estado de México, consistente en ejercer violencia física o presión respecto de los miembros de la mesa directiva de casilla a los electores.

Adminiculado a lo anterior, se suma la fe notarial expedida por LIC. NOEMÍ ELISA NAVARRETE LEDESMA, consistente en la reproducción de testimonios de Cayetano Huitrón Toral, Hugo Pérez Toral, Javier Garfias Ruiz, Abad Huitrón Téllez, Patrocinio Pérez Padilla y Horacio Pérez Reyes, personas que acudieron a emitir su voto el día de la jornada electoral y dan testimonio de la presencia de Adán Sánchez Carbajal en la casilla del poblado de Bonxhi, en diferentes horas del día, lo que encuentra sustento con el escrito de incidentes que el delegado en cuestión, permaneció en la casilla 075 Ex 1 y ejerció actos de presión sobre el electorado. Al respecto, si bien es cierto fue producida con posterioridad a los actos advertidos el día de la jornada electoral, y que por ello pierde su inmediatez y espontaneidad para concederle valor probatorio pleno, es un indicio que se fe fortalecido con los demás hechos y circunstancias que dan la certeza a los que esto resuelven, que la presencia del C. Adán Sánchez Alcántara en la casilla 0075 EX 1 el día de la Jornada Electoral, además de obedecer a la emisión de su sufragio personal, como consta en las Listas Nominales de esa sección, motivo de requerimiento por parte de esta autoridad, sí influyó para que el electorado que sufragó en las pasadas elecciones, lo haya hecho bajo la presión moral que prevaleció desde las nueve a las dieciséis horas, por la presencia de su delegado y el comandante electo en su comunidad, Abundio Cortés Padilla, quien actuó como Funcionario de Mesa de Casilla en toda la Jornada Electoral haya optado por la corriente política diferente de la que originalmente es partidario, por tanto, se anula la casilla de mérito por las razones expuestas, resultando así, FUNDADO el agravio esgrimido por el promovente en este medio de impugnación, para anular también la casilla 0075 EX1, donde se verificaron actos de presión sobre el electorado que influyó de manera importante en el resultado final de la votación, alcanzando en esa sola casilla un porcentaje a razón del 17% de votación a favor de la Coalición “Alianza por México” (Segundo Lugar) contra el 75% a favor de Partido del Trabajo-Convergencia.

El siguiente cuadro analítico, presenta la tendencia del voto hacia los partidos que contendieron en la Jornada Electoral del pasado doce de marzo del año en curso, asentándose el número de sección y tipo de casilla, partido político, porcentaje de votación recibida, para concluir en cantidades totales, de lo que se puede observar que las casillas donde estuvieron presentes las autoridades auxiliares multicitadas (delegados municipales, como funcionario de casilla y representantes de partido, respectivamente), revelan un alto porcentaje con relación a aquéllas donde no se suscitaron los hechos irregulares que motivaron este Juicio de Inconformidad:

De lo anterior podemos considerar que si no se hubieran dado tales irregularidades el resultado de la votación sería diferente, pudiéndose observar que sí fue determinante para el resultado de la votación de manera cuantitativa o aritmética

Esto es, de no haberse presentado los hechos ya descritos en esta resolución, es decir, sin tomar en cuenta los resultados que arrojan las casillas impugnadas, se observa que los resultados de la votación son equilibrados, es decir, en unas casillas se muestra preferencia por la Coalición “Alianza por México” y en otras, lo es por Convergencia, Partido Político Nacional, que junto con el Partido del Trabajo, postularon una candidatura común. El resultado final que se observa es que la diferencia equivale a 1 punto porcentual, pues mientras la Coalición actora obtiene un 37%, la candidatura común, representa un 36% de la votación a su favor.

Resultando un promedio de votación con referencia a la Coalición “Alianza por México”, de 37 %, frente a la recibida por la candidatura común Partido del Trabajo-Convergencia Partido Político Nacional sería de 36%.

Sirve de apoyo a todo lo argumentado en esta resolución, la Jurisprudencia S3ELJ 03/2004, que resulta aplicable por razón de la Sentencia recaída al Recurso de Reconsideración SUP-REC-009/2003 y acumulado, cuyo texto y rubro son:

“AUTORIDADES DE MANDO SUPERIOR. SU PRESENCIA EN LA CASILLA COMO FUNCIONARIO O REPRESENTANTE GENERA PRESUNCIÓN DE PRESIÓN SOBRE LOS ELECTORES (Legislación de Colima y similares).-” (Se transcribe)

Estimando este Tribunal que la presencia de los delegados municipales de las diferentes comunidades del municipio de Aculco, sí ejercieron presión moral sobre el electorado para optar por determinada corriente política mediante la emisión del sufragio.

Derivado de la declaración de nulidad de la votación recibida en las casillas respecto de las cuales resultaron FUNDADOS los agravios hechos valer por el actor, es procedente modificar el Acta de Cómputo Municipal de la Elección de Miembros de Ayuntamiento por el Principio de Mayoría Relativa, para lo cual resulta necesario determinar la cantidad de sufragios que se emitieron en cada una de las casillas anuladas por cada uno de los partidos y coaliciones que participaron en los comicios del doce de marzo del dos mil seis, para renovar a los Diputados y Miembros de Ayuntamiento de los municipios del Estado de México y se indican en el siguiente cuadro:

VIl. RECOMPOSICIÓN DE CÓMPUTO MUNICIPAL.

Una vez determinada la cantidad de sufragios anulados, es conducente deducirlos del cómputo impugnando, toda vez que la ley de la materia establece que las resoluciones que recaigan a los juicios de inconformidad podrán tener por efecto, entre otros, declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas, cuando se den las causas previstas en el artículo 298 del Código Electoral, y modificar en consecuencia, el acta de Cómputo Municipal, para la Elección de Miembros de Ayuntamientos, para quedar de la siguiente manera: